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Los funcionarios que traben inversiones serán sancionados hasta con S/.74 mil



Así lo anunció el ministro Luis Miguel Castilla durante la sustentación del segundo paquete de medidas para acelerar la inversión ante la Comisión de Economía del Congreso.

Los funcionarios públicos que traben las inversiones en el país serán sancionados de manera progresiva, desde una amonestación hasta con 20 Unidades

Impositivas Tributarias (UIT), que equivalen a S/.74 mil, sin perjuicio de responsabilidad administrativa, civil o penal, señaló hoy el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla.

Durante la sustentación del segundo paquete de medidas para dinamizar la inversión ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, dijo que la intención es proteger la actividad empresarial frente a los requisitos, trámites, cobros u otras restricciones o barreras burocráticas ilegales o irrazonables.


Afirmó que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) podrá iniciar procesos de oficio frente a los casos de infracción de los funcionarios y podrá usar información entregada por colegios profesionales, gremios empresariales, asociaciones de consumidores, entidades estatales y el Consejo Nacional de la Competitividad (CNC).
 

El gobierno destina S/. 40 millones para remediar los pasivos ambientales
Con el fin de ejecutar la remediación de los pasivos ambientales en las zonas más impactadas por los proyectos mineros, el gobierno transfirió S/. 40 millones a la empresa estatal Activos Mineros, informó ayer el viceministro de Minas, Guillermo Shinno.
Señaló que también se está gestionando un crédito con un banco japonés para lograr un financiamiento adicional de US$ 100 millones.
Indicó que en la remediación de pasivos ambientales se priorizará a las zonas más afectadas por los proyectos mineros de muchos años atrás y que registran altos índices de contaminación, como Cajamarca, Áncash y Puno.
Tras participar en el foro “Minería y Desarrollo”, organizado por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), Shinno dijo que en el caso que una empresa, por motivos financieros o falta de voluntad, no asuma la remediación de pasivos ambientales, el Estado asume esa responsabilidad e iniciará las acciones contra la empresa.

Agregó que el principio en ese tema es “quien ocasiona el daño ambiental debe asumir la responsabilidad de remediarlo, pero si no lo hace, el Estado tiene que asumirlo”.
 

Perú Deja De Percibir US$ 8 Mil Millones En Proyectos De Minería De Cara Al 2016



Preocupante realidad. El estudio ‘Proyectos y Prospectos Mineros en el Perú, 2013-2016’ revela que para el año 2016 se habían estimado 27 proyectos mineros que representaban un total de US$ 30 mil millones, pero debido a la conflictividad social, estos se han reducido a 17 proyectos, que representan US$22,583 millones, casi US$ 8 mil millones menos que lo planificado.

Magali Arellano Delgado, gerente de investigación y proyectos de Perú Top Publications –encargado de este estudio–, refirió que la paralización de estos proyectos no permite el crecimiento de la inversión minera, aunque aseguró que de todos modos ya hay 54 planificados hacia el 2020.
Explicó que Perú cuenta con una cartera de 54 proyectos mineros que demandarán una inversión ascendente a US$ 56,543 millones para el periodo 2013-2020, de los cuales unos US$8,065 millones (14.28%) son inversiones para llevar a cabo ampliaciones; US$ 20,064 millones (35.52%) para proyectos con EIA aprobados; US$1,630 millones (2.89%) con EIA presentados y US$ 26,730 millones (47.32%) para proyectos en exploración.

Despidos masivos

La experta aseguró además que otro riesgo, más allá que el de la baja recaudación, es en el ámbito laboral, pues la detención de los proyectos mineros afecta a las empresas y, por lo tanto, estas dejan de contar con el capital humano, pues les significa una gran pérdida.

“Si se atrasan los proyectos habrá menos recaudación, menos dinamismo, menores compras a la industria nacional y otros sectores relacionados con la minería, se pueden dar despidos masivos de trabajadores que con sus ingresos y consumo son el motor de una economía regional”, contó a EXPRESO.

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